Por: Katherine Cruz

Un rector de internado rural en Cumaribo, Vichada, fue capturado por presuntas agresiones a seis estudiantes indígenas, cuatro menores. El caso genera alarma por vulneración de autoridad y especial protección.

Un rector de un internado rural en Cumaribo, Vichada, ha sido capturado tras ser señalado como presunto responsable de graves conductas inapropiadas. Las víctimas son seis de sus estudiantes, integrantes de una comunidad indígena, entre ellas cuatro menores de edad. Los hechos habrían tenido lugar dentro de las instalaciones educativas entre 2024 y 2025. Este suceso ha generado honda preocupación en la región, dada la especial vulnerabilidad de las jóvenes.

La Fiscalía General de la Nación confirmó la imputación de cargos al directivo, cuya identidad se mantiene bajo reserva judicial. Él era una figura de autoridad crucial en la formación de estas jóvenes, encargada de su custodia. Las víctimas, pertenecientes a una comunidad indígena, contaban con una condición de especial protección por parte del Estado. La sociedad espera una respuesta contundente ante el quebrantamiento de la confianza depositada.

Según los hallazgos preliminares, el señalado se habría valido de su posición de liderazgo para cometer los hechos denunciados. Se presume que ejerció control sobre las estudiantes, usando presuntas amenazas hacia ellas y sus familias. El rector habría alegado tener nexos con actores armados fuera de la legalidad, intimidando para evitar cualquier denuncia. Estas revelaciones surgieron tras denuncias atendidas con un vital enfoque diferencial, dado el contexto étnico de las afectadas.

En una rápida acción, miembros del CTI capturaron al individuo en Puerto Carreño, presentándolo ante un juez. La Fiscalía le imputó los delitos de agresión agravada y comportamiento indebido con menores. Aunque el procesado no aceptó los cargos, se ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario. Esta decisión busca proteger a las víctimas y asegurar el debido curso de una investigación que pone a prueba la integridad de las instituciones educativas y la justicia.