Por: Maria Camila Gonzalez Mosquera

El Gobierno de Gustavo Petro respaldó una consulta popular sobre la reforma laboral, mientras algunos sectores del Congreso apelaron su hundimiento, en un día clave para el futuro laboral del país.

El 14 de mayo de 2025, Colombia se encontraba en un punto de inflexión con respecto a la reforma laboral propuesta por el presidente Gustavo Petro. Un día antes de la votación programada, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció el apoyo del Gobierno a la consulta popular, presentando esta medida como una alternativa democrática para decidir sobre el futuro de los derechos laborales en el país. Al mismo tiempo, sectores del Congreso, encabezados por el Partido Verde, impulsaron una apelación para revivir el proyecto legislativo que había sido previamente rechazado.

Armando Benedetti defendió la doble estrategia del Gobierno, afirmando que existen "dos caminos para llegar a la reforma laboral". Por otro lado, figuras como el senador Fabián Díaz y la senadora Angélica Lozano, ambos del Partido Verde, argumentaron que la apelación era una vía más directa y menos costosa para implementar los cambios necesarios. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, también jugó un papel crucial, promoviendo la consulta popular como un medio para involucrar directamente a los ciudadanos en la toma de decisiones.

La jornada estuvo marcada por intensas discusiones y un ambiente de tensión en el Congreso. Mientras algunos partidos como el Liberal expresaron su oposición a la consulta popular, calificándola de innecesaria y costosa, otros, como el Partido de la U, apoyaron la apelación, argumentando que podría acelerar la implementación de la reforma. Esta división reflejó las diferentes visiones sobre cómo abordar los derechos laborales y la reforma en Colombia.

Este escenario político no solo pone de manifiesto la complejidad de la política legislativa en Colombia, sino también la importancia de la reforma laboral como un tema central para el Gobierno de Petro. La decisión de apoyar la consulta popular, junto con la apelación en el Congreso, ilustra un intento de buscar un consenso más amplio y de involucrar a la ciudadanía en decisiones legislativas significativas. Sin embargo, las tensiones entre los diferentes sectores políticos y la incertidumbre sobre el resultado de la votación subrayan los desafíos que enfrenta el país en su camino hacia una reforma laboral integral.