Por: Maria Camila Gonzalez Mosquera

La Corte Constitucional admitió en octubre de 2025 una demanda que busca condicionar la constitucionalidad del Decreto Ley 902 de 2017, vital para la Reforma Rural Integral y el cumplimiento del Acuerdo de Paz.

En un paso trascendental para el futuro de la política de tierras en Colombia, la Corte Constitucional, con sede en Bogotá, admitió en octubre de 2025 una demanda contra el Decreto Ley 902 de 2017. Esta normativa regula el Procedimiento Único para los procesos agrarios especiales, un pilar fundamental de la Reforma Rural Integral. La acción judicial busca que se condicione la constitucionalidad de dicho decreto, argumentando serias vulneraciones.

La demanda fue interpuesta por Juan Felipe Harman Ortiz, director general de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), entidad clave en la implementación de la reforma. Ahora, la Corte Constitucional tiene la responsabilidad de estudiar a fondo esta acción, cuya decisión impactará directamente a miles de campesinos y comunidades rurales. Estos colectivos son los principales beneficiarios del acceso a tierras contemplado en el Acuerdo Final de Paz y esperan una justicia ágil.

El argumento central de la demanda radica en que la actual fase judicial, que delega los procesos agrarios a jueces civiles, vulnera el principio del juez natural. Según la ANT, esta situación no solo desnaturaliza la especialidad que requieren estos conflictos, sino que también frena ostensiblemente la implementación de la Reforma Rural Integral. La creación de una Jurisdicción Agraria especializada, pactada en el Acuerdo de Paz, sigue siendo una deuda pendiente que agrava el panorama.

Esta acción judicial de la ANT ante el máximo tribunal refleja la urgencia de establecer una Jurisdicción Agraria que garantice una justicia especializada y efectiva en materia de tierras. La decisión que adopte la Corte será determinante para el avance de la Reforma Rural Integral y el cumplimiento del Acuerdo de Paz. Definirá quién debe resolver los complejos conflictos agrarios mientras se materializa la tan esperada jurisdicción especializada, marcando un precedente institucional crucial.