Por: Miguel Angel Trujillo

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ha emitido órdenes de captura contra los congresistas Iván Name y Andrés Calle por presuntas irregularidades en la UNGRD.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia tomó una decisión contundente este 7 de mayo al ordenar la captura de Iván Name y Andrés Calle Calle, ambos congresistas y exlíderes parlamentarios, en relación con una investigación sobre corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La investigación apunta a posibles actos de cohecho y peculado en la adjudicación de contratos gubernamentales.

Los implicados, Iván Name, quien fue presidente del Senado, y Andrés Calle Calle, ex presidente de la Cámara de Representantes, son sospechosos de haber recibido grandes sumas de dinero ilegalmente. Según testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD, los montos recibidos ascienden a 3.000 millones de pesos para Name y 1.000 millones para Calle, supuestamente para influir en su apoyo a ciertas reformas gubernamentales.

La investigación se basa en evidencias recolectadas que sugieren la participación de los congresistas en la manipulación de procesos de licitación y asignación de contratos a cambio de beneficios económicos. Ambos congresistas han negado las acusaciones; sin embargo, la situación de Calle se complica por su reciente incapacidad médica y su asistencia esporádica al Congreso, lo que ha generado especulaciones sobre su estado de salud y su capacidad para enfrentar el proceso judicial.

Este caso se inscribe en un contexto más amplio de vigilancia y lucha contra la corrupción en Colombia, donde la justicia parece estar tomando medidas más firmes contra las irregularidades en la administración pública. Las implicaciones de estas capturas son significativas, ya que podrían llevar a una mayor transparencia y reformas en la gestión de contratos y recursos en el país, además de reafirmar la independencia y el papel crucial del sistema judicial en la democracia colombiana.