Por: Maria Camila Gonzalez Mosquera

El procurador general, Gregorio Eljach, cerró la puerta a la consulta popular del gobierno Petro, afirmando que su hundimiento en el Senado fue legal. Esto genera tensión institucional.

Durante la convención 59 de Asobancaria en Cartagena, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, emitió un pronunciamiento definitivo sobre el destino de la consulta popular impulsada por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Este anuncio, realizado ante líderes del sector financiero, político y jurídico, ha generado una fuerte controversia y tensiones entre los poderes del Estado.

Eljach afirmó categóricamente que el proceso de rechazo de la consulta popular en el Senado se ajustó a la legalidad vigente, descartando cualquier irregularidad. "El hundimiento de la consulta se dio de manera formal y legal, no hay espacio para cuestionamientos jurídicos adicionales", declaró el procurador. Estas declaraciones contrastan directamente con la posición del gobierno Petro, que ha expresado su disconformidad y ha explorado alternativas para impulsar la consulta por otras vías.

El gobierno, por su parte, ha manifestado su intención de seguir buscando mecanismos para llevar adelante la consulta, incluso insinuando la posibilidad de un decreto. Esta postura genera un enfrentamiento directo con el poder legislativo y la decisión del procurador. Mientras tanto, algunos sectores han solicitado a la Corte Constitucional una revisión del proceso, aunque se especula que podría inclinarse a favor del gobierno.

El hundimiento de la consulta, a pesar de la posición del procurador, deja abierta la posibilidad de un debate constitucional profundo sobre la validez de las acciones del gobierno. La tensión institucional generada cuestiona el equilibrio de poderes en Colombia y abre interrogantes sobre el futuro de las reformas impulsadas por el presidente Petro, así como la viabilidad de mecanismos de participación ciudadana. El pronunciamiento de Eljach, en este contexto, representa un triunfo del tradicionalismo jurídico frente a las estrategias del gobierno.