Por: Miguel Angel Trujillo

Fiscalía colombiana acusa a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial, de lavado de activos y tráfico de influencias en el escándalo de la Ungrd. Entregó $3.000 millones a Iván Name, según la investigación.

Bogotá, Colombia, 2025. El escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) sigue dejando consecuencias. Hoy, la Fiscalía General de la Nación ha formalizado la acusación contra Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones.


La acusación se centra en los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. Se alega que Ortiz habría participado en una compleja red de corrupción que desvió fondos destinados a la compra de carrotanques para La Guajira. Este caso ha generado conmoción en el país y ha puesto en evidencia la fragilidad de los controles internos en las instituciones gubernamentales.


Entre los implicados se encuentran el exsenador Iván Name, actualmente detenido en La Picota, y los exdirectivos de la Ungrd, Olmedo López y Sneyder Pinilla. López, quien aceptó un principio de oportunidad, declarará contra más implicados. Ortiz, por su parte, ha declarado a la prensa su temor por su vida y ha insinuado presiones para que no revele información.


La investigación detalla que Ortiz habría recibido 3.000 millones de pesos en efectivo en dos ocasiones y los habría trasladado en vehículos oficiales al entonces presidente del Senado, Iván Name. El dinero, según la Fiscalía, provenía del desvío de contratos para la adquisición de los carrotanques. Este caso evidencia la gravedad de la corrupción en las altas esferas del gobierno colombiano y plantea interrogantes sobre la efectividad de los mecanismos de control y transparencia.


Este caso, con ramificaciones que involucran a varios funcionarios de alto rango, pone en evidencia la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en el manejo de fondos públicos. Las consecuencias del fallo podrían incluir largas penas de prisión para los implicados y un daño significativo a la imagen del gobierno colombiano. La investigación continúa, y se espera que salgan a la luz más detalles en los próximos meses.