Por: Juan Manuel Esquivel Gutierrez

Tras 18 días de secuestro, la familia de Lyan José Hortúa, de 11 años, pagó el rescate recomendado por funcionarios estatales para su liberación.

El 4 de mayo, Lyan José Hortúa fue secuestrado por un grupo armado, presuntamente disidencias de las FARC, en una zona rural de Colombia. La falta de avances en las investigaciones llevó a los funcionarios del Estado a sugerir a la familia negociar directamente con los captores. Según relata su tío, un médico local, esta decisión fue tomada ante la prolongada ausencia de resultados y el creciente riesgo para la vida del menor.

“Nos sentimos abandonados. No somos delincuentes, somos una familia trabajadora”, expresó el tío de Lyan, quien coordinó la negociación. Una prima del niño, en un acto de valentía, logró establecer contacto con los secuestradores y cerrar el acuerdo para su liberación. A pesar del éxito en la liberación del menor, la familia quedó económicamente devastada, asumiendo deudas significativas para cumplir con el monto exigido.

Lyan fue entregado a campesinos locales, quienes a su vez lo pusieron en manos de la Defensoría del Pueblo. Durante este tiempo, la familia criticó duramente la falta de apoyo gubernamental y la indiferencia del presidente Petro, quien no se pronunció hasta 18 días después del secuestro. Este incidente ha resaltado la vulnerabilidad de los civiles en áreas conflictivas y la percepción de un Estado ausente en momentos críticos.

Este caso subraya la problemática de seguridad en Colombia y las dificultades que enfrentan las familias en zonas de alto riesgo. Además, plantea interrogantes sobre el rol del gobierno en la protección de sus ciudadanos y la efectividad de las estrategias contra el secuestro. La comunidad y los medios han reaccionado con indignación y apoyo hacia la familia de Lyan, exigiendo justicia y medidas más eficaces para prevenir futuros secuestros.