Por: Maria Camila Gonzalez Mosquera

La Fiscalía de Colombia detectó posibles inconsistencias en la documentación de Laura Sarabia para su posesión como canciller, lo que podría afectar la legalidad de su nombramiento.

El 12 de mayo de 2025, durante una inspección en la Casa de Nariño, sede del gobierno en Bogotá, la Fiscalía General de la Nación encontró posibles irregularidades en los documentos presentados por Laura Sarabia para asumir el cargo de canciller de Colombia. Según los registros, Sarabia afirmó haber sido "jefe de Gabinete" entre agosto de 2022 y junio de 2023, un cargo que fue eliminado legalmente en diciembre de 2022 y reemplazado por la jefatura de Despacho Presidencial.

Además de Sarabia, figuras clave en este escenario incluyen a Mauricio Lizcano, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien firmó el decreto 2647 que modificó el nombre del cargo. La investigación también abarca acusaciones más graves contra Sarabia, como concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

La discrepancia en la hoja de vida de Sarabia fue inicialmente detectada por el Dapre, que notificó a la Fiscalía para una revisión más profunda. Este hallazgo es particularmente significativo dado que podría tener implicaciones legales y administrativas en el proceso de nombramiento de Sarabia y en la validez de los documentos firmados durante su supuesto periodo como jefe de Gabinete.

Este caso destaca la importancia de la precisión y la transparencia en la administración pública. La posible inexactitud en la hoja de vida de la canciller no solo plantea preguntas sobre la legitimidad de su nombramiento, sino que también podría comprometer su capacidad para desempeñar un papel crucial en la diplomacia colombiana. Además, subraya la necesidad de un escrutinio riguroso en los procesos de designación de altos cargos, asegurando que cumplan con todos los requisitos legales y éticos.