Por: Bryan Steven Cardona Ciceri

Tras seis horas de reunión, el presidente Petro lideró una comisión para asegurar elecciones pacíficas. Se activarán mecanismos de protección para candidatos y se impulsará un pacto político nacional.

El presidente Gustavo Petro encabezó una extensa reunión de la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales, con el fin de garantizar la seguridad de candidatos y precandidatos a las próximas elecciones presidenciales y congresales. La jornada, que contó con la participación de más de 130 representantes de diferentes sectores, culminó con la adopción de medidas concretas para fortalecer la protección del ejercicio político en el país. Este encuentro se enmarca en un contexto de preocupación por la seguridad de los aspirantes, especialmente en regiones con alta conflictividad.

La reunión contó con la presencia de representantes del Gobierno, partidos políticos de oposición e independientes, organismos de control, cúpula militar y policial, el Congreso, la Registraduría Nacional y organismos internacionales. Si bien no se emitieron declaraciones oficiales directas de los asistentes, la importancia del encuentro radica en la transversalidad de las figuras presentes, reflejando el compromiso conjunto por la estabilidad democrática. La gravedad de la situación política actual exige un esfuerzo unificado y la necesidad de trabajar juntos para asegurar la integridad del proceso electoral.

La comisión decidió activar el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP), contemplado en el Acuerdo de Paz, y establecer mesas de trabajo para revisar las medidas de protección de candidatos y precandidatos. Se realizará una convocatoria permanente de la subcomisión de protección, liderada por la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Policía Nacional. Adicionalmente, se anunció la activación del Comité de Coordinación y Recomendación de Medidas de Protección en el Proceso Electoral (CORMPE) para precandidatos presidenciales y de Congreso.

La activación del SISEP y el CORMPE, así como la creación de mesas de trabajo para la revisión de medidas de protección, reflejan una respuesta institucional ante las crecientes preocupaciones por la seguridad electoral. La firma de un pacto político nacional, como se ha propuesto, podría contribuir a la desescalada de tensiones y facilitar la celebración de unas elecciones justas y pacíficas. Sin embargo, la eficacia de estas medidas dependerá de su correcta implementación y del compromiso real de todos los actores involucrados en garantizar un proceso electoral transparente y seguro.