Por: Bryan Steven Cardona Ciceri

El general (r) Juan Miguel Huertas enfrenta delicados señalamientos que lo vinculan con disidencias de las Farc y reactivan una investigación de la JEP por falsos positivos en Antioquia, originados durante su servicio como capitán.

La justicia colombiana ha vuelto a poner en el foco al general en retiro Juan Miguel Huertas, quien afronta serias acusaciones que comprometen su trayectoria militar. Las nuevas revelaciones lo relacionarían con las disidencias de las Farc de alias Calarcá, un asunto que añade una capa de complejidad a su situación jurídica actual, la cual ya incluye un proceso por falsos positivos. Este caso subraya la continua búsqueda de verdad y justicia en Colombia por parte de las instituciones.

El alto oficial, quien se desempeñó como jefe del Comando de Personal del Ejército, mantiene fuertes líos jurídicos con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Su nombre aparece ligado a un caso de falsos positivos en el departamento de Antioquia, ocurrido cuando ostentaba el rango de capitán. Entre 2002 y 2013, el general Huertas fue oficial de operaciones del Batallón de Artillería N°4, un periodo crucial bajo escrutinio.

La JEP ha vinculado al general Huertas en el marco del caso 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado. Específicamente, se le señala por su rol como exjefe de operaciones del Batallón de Artillería número 4, junto al coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez, en eventos datados en 2003. El 14 de junio de 2023, la Secretaría del Gabinete del Ministerio de Defensa solicitó a la Sala de Definición de Situaciones Públicas de la JEP actualizar su información sobre órdenes de captura y antecedentes vigentes del oficial, manteniendo el caso activo.

Aunque la JEP lo ha declarado como "no máximo responsable" en el caso de falsos positivos, la autoridad judicial aún debe determinar su grado de responsabilidad en los hechos cometidos por el batallón bajo su mando. La resolución de este proceso es fundamental para la credibilidad institucional y para las víctimas, pudiendo derivar en una renuncia a la persecución penal o en nuevas acciones legales, enfatizando la importancia de la rendición de cuentas en la vida pública.