Por: Bryan Steven Cardona Ciceri

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) desestimó la tutela presentada por el antiguo secretariado de las FARC, manteniendo el juicio por secuestros en su contra. La decisión implica que el proceso continúa hacia una posible sentencia.

La Sección de Revisión de la JEP declaró improcedente la solicitud de los exjefes guerrilleros, argumentando que el caso se encuentra en etapa previa a la sentencia. Esto significa que aún quedan instancias para resolver las disputas planteadas.


La JEP imputó a finales de enero de 2021 al secretariado de las FARC, integrado por Rodrigo Londoño Echeverry, Pablo Catatumbo Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel, Juan Ermilo Cabrera, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar, por crímenes de lesa humanidad y guerra relacionados con secuestros (Caso 01). La jurisdicción enfatizó que la negativa a reconocer responsabilidades podría resultar en condenas de hasta 20 años de prisión. La JEP declaró que "privar a las personas de su libertad, y condicionar su liberación, así como su bienestar, su integridad y su vida, fue un crimen de guerra, específicamente el de toma de rehenes”.


Los exjefes guerrilleros deberán responder por las atrocidades cometidas contra los secuestrados, incluyendo homicidio, tortura, tratos crueles, atentados a la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado. El testimonio de las víctimas, que incluyó casos de afectaciones a menores y mujeres, fue crucial en la decisión de la JEP de mantener el proceso. La gravedad de los crímenes cometidos fue fundamental en esta determinación.


La decisión de la JEP se enmarca en su compromiso con la justicia transicional, aunque mantiene la expectativa de que los comparecientes aporten verdad y reconozcan responsabilidad. El rechazo a la tutela deja claro el camino hacia la determinación de responsabilidades, con el potencial de sentencias significativas para los excomandantes de las FARC. Esta decisión sienta un precedente importante para la justicia de las víctimas del conflicto armado colombiano.