Por: Juan Manuel Esquivel Gutierrez

Ocho partidos colombianos denuncian intento del presidente Petro de convocar una consulta popular por decreto, calificándolo como un atentado contra la democracia y la Constitución. Rechazo unánime y llamado a la defensa de las instituciones.

En Bogotá, el lunes 3 de junio de 2025, ocho partidos políticos de oposición y centro emitieron un comunicado conjunto expresando su más enérgico rechazo a la intención del presidente Gustavo Petro de convocar una consulta popular a través de un decreto presidencial, sin la debida aprobación del Senado. Esta acción, según los firmantes, representa una grave amenaza al orden constitucional y al equilibrio de poderes en Colombia. La gravedad de la situación ha generado una inmediata respuesta de los partidos afectados.

El comunicado fue firmado por Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, Partido Liberal, MIRA, Colombia Justa Libres, Partido de la U y Partido ASI. Los líderes de estas colectividades alertaron sobre la gravedad de la situación y llamaron a la ciudadanía a defender las instituciones democráticas. Se expresó preocupación por la presunta instrumentalización de causas sociales para fines políticos por parte del Ejecutivo. No se emitieron declaraciones individuales relevantes por parte de los firmantes.

La controversia surge luego de que el Congreso rechazara previamente la propuesta de consulta popular. El Gobierno, según la oposición, busca ahora imponer su voluntad mediante una acción unilateral que vulnera la Constitución. La iniciativa del presidente Petro ha generado un fuerte debate en el país, entre quienes lo apoyan y quienes lo critican por intentar evadir el proceso legislativo. Se espera una respuesta contundente de la Corte Constitucional.

La decisión de Petro tiene el potencial de profundizar la polarización política y generar una crisis institucional. El rechazo unánime de los ocho partidos muestra una férrea oposición a lo que consideran un quiebre del orden democrático. Las consecuencias podrían incluir una mayor inestabilidad política y un debilitamiento de las instituciones, con repercusiones negativas en la gobernabilidad del país. Se anticipa una batalla legal y política de gran magnitud.