Por: karol Yulieth Lopéz león

Tensión diplomática entre Colombia y Guatemala tras la orden de captura de la fiscalía guatemalteca contra funcionarios colombianos. El presidente Petro responde prohibiendo el ingreso de la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras.

El martes 3 de junio de 2025, el presidente colombiano Gustavo Petro anunció una medida sin precedentes: la prohibición de entrada a Colombia de la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras. Esta decisión, tomada durante un consejo de ministros televisado desde Bogotá, se da en el contexto de una escalada de tensión entre ambos países. La medida, oficializada por la canciller Laura Sarabia, se suma a un conflicto diplomático ya en curso.

La prohibición se debe a la emisión de una orden de captura por parte de la Fiscalía de Guatemala contra la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, y el embajador colombiano ante el Vaticano, Iván Velásquez. Petro acusó a Porras de denostar a funcionarios colombianos honestos y burlarse de la dignidad nacional, calificando sus acciones como una persecución política. El mandatario colombiano afirmó que Porras mantiene vínculos con "amigos mafiosos".

Los hechos se desencadenaron luego de que la Fiscalía guatemalteca, liderada por Porras, emitiera las órdenes de captura. Velásquez, exjefe de la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala), ha sido un reconocido luchador contra la corrupción en el país centroamericano, lo que se interpreta como un factor crucial en la decisión de la fiscalía guatemalteca. La sanción previa a Porras por parte de países internacionales por socavar la justicia agrava aún más la situación.

Esta decisión marca un punto álgido en la relación entre Colombia y Guatemala. Las acciones de Petro reflejan la defensa de la soberanía nacional y la protección de sus funcionarios. Sin embargo, la medida podría escalar el conflicto diplomático y afectar las relaciones bilaterales, exacerbando las tensiones existentes en el contexto político regional de Latinoamérica. El papel del Vaticano, en este escenario, se limita a la participación de su embajador colombiano, un actor clave en la lucha anticorrupción guatemalteca.