Por: Katherine Cruz

Tres personas, entre ellas dos militares en activo, fueron judicializadas este martes en Bogotá por filtrar información sensible de seguridad nacional, comprometiendo operaciones contra el crimen organizado. La investigación involucra acceso irregular a datos clasificados y alteración de procesos judiciales.

La Fiscalía General de la Nación anunció este martes 24 de septiembre la judicialización de tres individuos por su presunta participación en un esquema ilegal que comprometió la seguridad nacional. Los implicados son dos militares y una civil, acusados de filtrar información sensible relacionada con operaciones contra el crimen organizado en Bogotá y Cundinamarca.

La investigación, que se extendió entre marzo de 2024 y abril de 2025, reveló un entramado de acceso irregular a información clasificada. Se centra en la presunta colaboración entre el mayor Pedronel Jiménez Cárdenas y el sargento segundo Cristian Padilla Villanueva, ambos militares en activo, y la civil Luisa Fernanda Salgado Fernández, quien se hacía pasar por capitán. Esta última habría tenido acceso a instalaciones militares, reuniones y operativos tácticos, obteniendo información de alto nivel sobre casos contra organizaciones criminales como el 'Tren de Aragua'.

La Fiscalía señala que el mayor Jiménez habría facilitado el ingreso de Salgado Fernández al Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas No. 5 (BAFUR 5), donde tuvo acceso a información confidencial. El sargento Padilla Villanueva habría colaborado permitiendo el acceso de Salgado Fernández a logística militar, equipos de comunicación y misiones con drones. Esta filtración habría alterado procesos judiciales y engañado a fiscales y jueces. Las autoridades no han revelado aún detalles sobre el motivo de la filtración.

La gravedad de este caso radica en el acceso a información sensible de seguridad nacional y la posible complicación de las investigaciones en curso contra organizaciones criminales. Las implicaciones podrían afectar la confianza en las instituciones y la efectividad de las operaciones de seguridad. La captura de los tres implicados, realizada en varios puntos de Bogotá en coordinación con el Ejército y la Policía Nacional, envía un mensaje claro sobre la determinación del Estado para proteger su información sensible y perseguir este tipo de delitos. La investigación continúa para determinar la magnitud completa del daño y posibles cómplices.