lunes, 11 agosto 2025
Por: Maria Camila Gonzalez Mosquera
El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria por fraude procesal y soborno. La Procuraduría apeló la decisión, generando una profunda polarización.
El Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá emitió el 28 de julio de 2025 un fallo condenatorio en primera instancia contra Álvaro Uribe Vélez. La sentencia, leída oficialmente el 1 de agosto, impuso una pena de 12 años de prisión domiciliaria, una multa considerable, e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Este fallo marca un hito en la historia política colombiana.
La jueza Sandra Heredia fundamentó su decisión en pruebas que, según su interpretación, demostraban la culpabilidad de Uribe Vélez en los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. La defensa del expresidente, por su parte, ha anunciado su intención de recurrir la sentencia ante instancias superiores, argumentando irregularidades en el proceso. Se espera que la apelación sea analizada minuciosamente.
La Procuraduría General de la Nación presentó una apelación de 81 páginas ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. En su recurso, se cuestiona la valoración de las pruebas presentadas durante el juicio y se argumenta la falta de tipicidad en la conducta atribuida al expresidente. El futuro judicial de Uribe Vélez depende ahora de la decisión del Tribunal Superior.
La condena a Uribe Vélez, un político de peso y figura clave en la historia reciente de Colombia, ha desatado un intenso debate nacional. Las consecuencias de esta decisión, independientemente del resultado final de la apelación, se sentirán en el panorama político y social colombiano durante años. La polarización de la opinión pública, ya existente, se ha intensificado, reflejando la trascendencia del caso más allá de sus aspectos puramente judiciales.
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