Por: Miguel Angel Trujillo

Tras la condena a 12 años de prisión del expresidente Álvaro Uribe, la jueza Sandra Heredia enfrenta amenazas y el Fondo de Solidaridad con el Poder Judicial Colombiano (Fasol) pide protección internacional a la CIDH.

El Fondo Fasol solicitó medidas cautelares ante la CIDH para proteger a la jueza Sandra Heredia, quien dictó sentencia contra Álvaro Uribe por fraude y soborno. Las amenazas recibidas ponen en riesgo su seguridad y la de su familia.


La condena a 12 años de prisión impuesta el 1 de agosto de 2025 al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno, generó una ola de reacciones. Esta decisión judicial, dictada por la jueza 44 Penal de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda, ha sido el epicentro de una controversia que trasciende las fronteras colombianas. El caso ha generado un intenso debate sobre la independencia judicial y el estado de derecho en el país.


La jueza Heredia ha sido blanco de una campaña de desprestigio, incluyendo amenazas directas y ataques personales, según denunció Fasol. El expresidente Uribe, a través de sus allegados y declaraciones públicas, ha cuestionado la imparcialidad del proceso. Incluso un representante de un gobierno extranjero calificó a la jueza como "radical", exacerbando la situación. Estos ataques reflejan la polarización política que existe en Colombia y la tensión generada alrededor del proceso judicial contra una figura tan relevante como Uribe.


Las amenazas a la jueza Heredia evidencian la presión a la que se enfrentan los operadores de justicia en Colombia al tomar decisiones impopulares, especialmente cuando involucran a figuras políticas poderosas. La solicitud de medidas cautelares a la CIDH por parte de Fasol refleja la preocupación por la seguridad de la jueza y la necesidad de salvaguardar la independencia judicial. La falta de protección podría generar un precedente peligroso para la impartición de justicia en el país y en la región. El caso pone en relieve la vulnerabilidad de los jueces ante la presión política y la importancia de la protección internacional para garantizar el estado de derecho.