Por: karol Yulieth Lopéz león

La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional asestaron un golpe crucial al crimen organizado, incautando 28 lingotes de oro valorados en más de 15.514 millones de pesos. Dos hombres fueron capturados y judicializados por lavado de activos.

Bogotá D.C., 22 de octubre de 2025 – La Fiscalía General de la Nación, a través de su Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, logró la incautación y el comiso de 28 lingotes de oro, cuyo peso totaliza 41 kilogramos y su valor supera los 15.514 millones de pesos colombianos. Este operativo representa un contundente golpe a las redes que utilizan el metal precioso para actividades ilícitas. La acción judicial subraya el compromiso del Estado con la transparencia económica y la persecución de delitos que afectan la integridad financiera del país.

En el marco de la diligencia, Andrey David Murcia Dávila, conductor del vehículo, y Fernando Andrade Delgadillo Rodríguez, su acompañante, fueron capturados. Ambos son señalados de no acreditar la procedencia lícita del oro, careciendo de los certificados de origen y la documentación que emiten los comercializadores o explotadores mineros autorizados. La Fiscalía los imputó por el delito de lavado de activos, y un juez de control de garantías ordenó su medida de aseguramiento en centro carcelario.

La incautación se produjo durante un procedimiento rutinario de registro y control de la Policía Nacional. Este se llevó a cabo en la vereda El Cedro, un punto estratégico en la vía que une a Mocoa, Putumayo, con Pitalito, Huila, una ruta frecuentemente utilizada para el transporte de mercancías. Los lingotes fueron hábilmente ocultos en el tanque de combustible del automotor, evidenciando la sofisticación de las técnicas empleadas por estas organizaciones criminales. La pericia de las autoridades fue clave para detectar el cargamento ilícito.

La detección de este cargamento subraya la persistencia de las redes dedicadas al lavado de activos y al tráfico de oro de procedencia ilícita. Este tipo de operaciones no solo financian otras actividades criminales, sino que también desestabilizan la economía formal y socavan la confianza en el sistema legal. La acción coordinada entre la Fiscalía y la Policía Nacional refuerza la estrategia estatal para salvaguardar los recursos del país y garantizar el cumplimiento de la ley. Los bienes incautados, una vez probada su autenticidad, pasan al Fondo Especial para la Administración de Bienes y serán custodiados por el Banco de la República, un paso crucial en el retorno de estos activos a la legalidad.