Por: Gustavo Puentes

Ambos congresistas fueron capturados tras ser acusados de recibir sobornos provenientes de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD)

8 de mayo de 2025. La Sala de Instrucción de la Corte resolvió imponerles una medida de aseguramiento preventiva intramural, lo que significa que ambos deberán enfrentar el proceso judicial desde prisión, mientras se desarrollan las investigaciones. Esta decisión, que también implica su suspensión inmediata de sus cargos como congresistas, no solo representa un fuerte golpe a la credibilidad del Legislativo, sino que pone de manifiesto las falencias en los controles internos del poder político en Colombia.

El caso de Iván Name y Andrés Calle ilustra, una vez más, cómo la corrupción nace lastimosamente en las instituciones encargadas de la gestión pública, afectando el bienestar de los ciudadanos. La presunta venta de favores legislativos a cambio de recursos públicos, en este caso a través de la UNGRD, subraya un patrón de desconfianza que viene marcando la relación de los colombianos con sus representantes en el Congreso.

Lo más preocupante de este asunto no es solo la gravedad de los hechos, sino la percepción que deja sobre la clase política en general. Si bien la Corte Suprema actúa con celeridad en este caso, la pregunta que surge es si este tipo de acciones aisladas son suficientes para erradicar un sistema de corrupción que parece tener raíces profundas en el aparato estatal. ¿Cuántos casos similares permanecen sin resolver? ¿Es este un problema estructural que se debe abordar de raíz con reformas más profundas?

Este escándalo, además de socavar la confianza en el Congreso, también expone la falta de mecanismos eficaces para prevenir este tipo de delitos en el futuro. La Lucha contra la Corrupción debería ser una prioridad nacional, con un enfoque integral que no se limite solo a los casos que salen a la luz, sino que abarque un cambio cultural y estructural que permita recuperar la confianza de los ciudadanos.