Por: karol Yulieth Lopéz león

Más de 1.400 privados de libertad serán trasladados de Centros de Detención Transitoria (CDT) a cárceles, mitigando el grave hacinamiento que afecta al sistema penitenciario colombiano. La medida, acordada en una mesa de trabajo interinstitucional, responde a la declaratoria de estado de cosas inconstitucional por parte de la Corte Constitucional.

La grave situación de hacinamiento en los CDT, diseñados para detenciones temporales, ha obligado a una acción urgente. Personas condenadas permanecen allí por falta de espacio en las cárceles, violando sus derechos fundamentales. Esta crisis ha generado un colapso del sistema, afectando a detenidos y funcionarios. El traslado busca aliviar, al menos temporalmente, esta problemática.


La Procuraduría lideró la mesa de trabajo que articuló a la Policía, el INPEC, la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y la Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos. Si bien no se han hecho públicas declaraciones oficiales con fechas exactas de los traslados, se espera una rápida ejecución de la medida. La Corte Constitucional, ente clave en la presión para la solución, seguirá de cerca el proceso.


El acuerdo, aunque crucial, representa un parche a un problema estructural. La falta de inversión en infraestructura carcelaria, la lentitud de la justicia y la sobrepoblación carcelaria son los factores que originaron esta crisis. Se requiere una reforma integral del sistema penitenciario colombiano para garantizar el respeto a los derechos humanos de los privados de libertad y evitar que la situación se repita. El traslado de 1.400 presos es un primer paso, pero la solución debe ser a largo plazo.