Por: Miguel Angel Trujillo

En 2025, el Tribunal de Cundinamarca admitió una demanda clave contra el Ministerio de Educación y el Servicio Geológico Colombiano, acusados de usar sus plataformas digitales para promover mensajes gubernamentales, generando controversia sobre la imparcialidad estatal.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha admitido para estudio una demanda significativa que pone bajo escrutinio la conducta de entidades gubernamentales en 2025. La acción legal se dirige contra el Ministerio de Educación y el Servicio Geológico Colombiano, señalados por presuntamente emplear sus redes sociales institucionales con fines de difusión política. Este caso plantea serias interrogantes sobre la neutralidad de las dependencias estatales en la promoción de la agenda del Gobierno Nacional en Colombia.

La Fundación FedeColombia fue la entidad encargada de interponer esta demanda, denunciando publicaciones que replicaban pronunciamientos del presidente Gustavo Petro. Dichos mensajes abordaban temas sensibles como la descertificación de Estados Unidos en la lucha antidrogas y supuestas irregularidades en la Nueva EPS. Frente a la controversia, el presidente Petro defendió la práctica, afirmando: “Mi Educación es Gobierno y el Servicio Geológico es Ejecutivo, y el presidente es el jefe del Estado por voto popular, y lo popular es el dueño de Colombia”.

Según los argumentos de FedeColombia, estas publicaciones configuran un uso indebido de la publicidad oficial, práctica estrictamente prohibida por el Estatuto Anticorrupción. La Fundación sostiene que replicar mensajes presidenciales en plataformas destinadas a la divulgación de información institucional desvirtúa su propósito. Esta conducta, de ser probada, podría sentar un precedente importante sobre los límites de la comunicación gubernamental.

El fondo de esta demanda radica en la tensión entre la autonomía institucional y la dirección ejecutiva, una dicotomía enfatizada por la respuesta presidencial. La interpretación de que las entidades públicas son meras extensiones del Ejecutivo desafía los principios tradicionales de objetividad y neutralidad que se esperan del Estado. El fallo del Tribunal de Cundinamarca, a esperas de ser emitido, podría redefinir las normas sobre la comunicación oficial y la independencia de las instituciones frente al poder político en Colombia.