Por: Miguel Angel Trujillo

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, cuestionó duramente a la fiscal de su caso durante un juicio por presunta manipulación de testigos, alegando que su objetivo es "fiscalizar al oponente".

El 22 de mayo de 2025, en una audiencia clave en Colombia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez enfrentó acusaciones de presunta manipulación y presión a testigos. Durante el evento, Uribe expresó su descontento con la fiscal encargada del caso, acusándola de perseguir políticamente a sus oponentes en lugar de buscar la justicia. Esta declaración se produjo en un momento crítico del proceso, donde la credibilidad y la imparcialidad del sistema judicial fueron puestas en tela de juicio.

Entre los testigos del día, Álvaro Hernán Prada Artunduaga, exrepresentante a la Cámara y magistrado del Consejo Nacional Electoral, jugó un papel crucial. Prada, quien también es investigado por hechos similares, defendió su integridad y la de Uribe, negando cualquier acto ilegal y desacreditando las acusaciones de Carlos Alberto López Callejas, alias Caliche, quien había implicado a Uribe en intentos de retractación de otro testigo.

La defensa de Uribe se centró en desmentir las afirmaciones de manipulación, argumentando que no existen pruebas concretas que sustenten las acusaciones y que todo forma parte de una estrategia para debilitar políticamente al expresidente. Este punto de vista fue apoyado por testimonios que intentaron desacreditar las pruebas presentadas por la fiscalía.

Este caso no solo plantea preguntas sobre la legalidad de las acciones de Uribe, sino que también refleja tensiones más amplias dentro del sistema judicial colombiano. La percepción de que las investigaciones pueden estar influenciadas por motivaciones políticas amenaza con socavar la confianza pública en las instituciones encargadas de impartir justicia. La resolución de este caso podría tener implicaciones significativas para la política colombiana, afectando la percepción de la justicia y la estabilidad institucional en el país.