Por: Miguel Angel Trujillo

La Corte Constitucional de Colombia ha ordenado la suspensión de las mesas de trabajo sobre la UPC, exigiendo mayor inclusión ciudadana.

Bogotá, 13 de mayo de 2025. La Corte Constitucional de Colombia ha emitido una orden al Ministerio de Salud y Protección Social para que suspenda durante 30 días las mesas de trabajo encargadas de calcular la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Este mandato surge como respuesta a la falta de participación ciudadana adecuada en el proceso, lo cual es un requisito constitucional para la formulación de políticas públicas en el sector salud.

Los magistrados José Fernando Reyes, Vladimir Fernández y Miguel Polo Rosero, integrantes de la Sala de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, destacaron que aunque el Ministerio inició las mesas técnicas, no se ha asegurado una participación efectiva de todos los sectores relevantes. En palabras de la Corte, "la participación ciudadana no solo es un derecho, sino una necesidad para la legitimidad de las políticas de salud pública".

La falta de inclusión ha sido señalada por diversas organizaciones como la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Asocajas y Acemi, así como por la Procuraduría General de la Nación y varios grupos de pacientes. Estas entidades argumentan que el Ministerio ha demorado la implementación de decisiones judiciales anteriores y ha mostrado una falta de transparencia preocupante.

El fallo de la Corte subraya la importancia de que el Ministerio de Salud realice ajustes significativos en la manera en que se organizan y operan estas mesas. Se pide una revisión técnica detallada y una mayor equidad en la participación de los distintos actores, asegurando que todos los sectores afectados por la política de salud tengan voz y voto en el proceso.

Esta decisión no solo busca rectificar el curso de las mesas de trabajo actuales, sino también sentar un precedente sobre la importancia de la participación ciudadana en la gestión de la salud pública. Al garantizar un proceso más abierto y participativo, la Corte espera mejorar la legitimidad y eficacia de las decisiones que afectan la salud de millones de colombianos, alineándose con los principios del Estado social de derecho.