Por: Miguel Angel Trujillo

Niña emberá de 17 años sufrió brutal agresión en Pueblo Rico, Risaralda. ICBF y CNMI condenan el acto, activándose medidas de protección y acciones legales.

El 30 de mayo de 2025, un video circuló mostrando el brutal maltrato físico a una menor indígena emberá en la comunidad de Gito Dokabu, Pueblo Rico, Risaralda. Este impactante suceso ha generado una ola de repudio y la inmediata intervención de las autoridades. El caso, que ha conmocionado a la nación, pone en evidencia la persistencia de la violencia contra las poblaciones vulnerables en Colombia.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas (CNMI) emitieron comunicados conjuntos rechazando enérgicamente el ataque. El ICBF confirmó la atención a la menor, incluyendo acompañamiento psicológico y la activación de un proceso administrativo para el restablecimiento de sus derechos. La joven se encuentra bajo medidas de protección.

La CNMI, por su parte, denunció la gravedad de la situación, calificándola como una flagrante violación a los derechos humanos fundamentales de la niña. El video muestra a la joven atada y golpeada salvajemente por dos hombres hasta perder el conocimiento. La organización enfatizó que ninguna práctica cultural, por arraigada que sea, puede justificar un acto de semejante brutalidad.

El Gobernador de Risaralda, Juan Diego Patiño, calificó el hecho como "injustificable" y anunció la presentación de una denuncia penal contra los responsables. El video y el contexto del evento serán pieza clave para identificar y procesar a los agresores. La falta de respeto a la integridad física de la joven ha generado un llamado urgente a la prevención y al castigo ejemplar contra este tipo de violencia.

El caso evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para las mujeres y las niñas indígenas, incluyendo la educación y la sensibilización sobre los derechos humanos, y la implementación de acciones concretas para erradicar la violencia en todas sus formas. La falta de acceso a la justicia y la impunidad son factores que perpetúan estos ciclos de violencia, demandando una respuesta integral y decisiva por parte del estado y la sociedad.