Por: Maria Camila Gonzalez Mosquera

El presidente Gustavo Petro anunció la convocatoria a una consulta popular vía decreto, generando una fuerte controversia y reacciones enérgicas, entre ellas la del exministro Luis Carlos Reyes, quien denunció un peligroso precedente.

El martes 3 de junio, el presidente Petro sorprendió al país con el anuncio en cadena nacional. Su decisión, justificada por presuntas irregularidades en el Senado, ha desatado una crisis política. El exministro Reyes la comparó con la situación de Ricardo Bonilla.


El anuncio presidencial, hecho en cadena nacional el martes 3 de junio, respondió a la frustración del gobierno por el hundimiento de una proposición de consulta popular el 14 de mayo en el Senado. Petro acusó a la oposición de obstruccionismo y maniobras ilegales para impedir la consulta. La medida generó inmediato debate en el país.


Entre los protagonistas de esta crisis se encuentra el exministro de Comercio e Industria y exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, quien a través de sus redes sociales criticó fuertemente la decisión de Petro, calificándola de antidemocrática e inmoral. Reyes comparó la acción del presidente con las imputaciones de compra de votos que pesan sobre Ricardo Bonilla, exministro de Defensa. También se encuentran involucrados Armando Benedetti, Efraín Cepeda y Édgar Díaz Contreras.


El decreto presidencial, argumentando la necesidad de una consulta popular para que “el pueblo se exprese”, ignora el procedimiento legislativo regular. Petro responsabiliza al presidente del Senado, Efraín Cepeda, por la supuesta "vagabundería" en la plenaria. Se alega un cambio de voto de Édgar Díaz Contreras como prueba de las irregularidades. Este hecho exacerba la tensión entre el ejecutivo y el legislativo.


La decisión de Petro establece un precedente peligroso, abriendo la puerta a la vulneración del estado de derecho en nombre de una "buena causa". La respuesta de Reyes, representativa de un sector crítico, refleja la profunda división política del país y cuestiona la ética gubernamental. Las consecuencias de esta decisión podrían ser trascendentales para el futuro del sistema democrático colombiano, incrementando aún más la polarización.