Por: karol Yulieth Lopéz león

Gobierno anuncia convocatoria a consulta popular pese al rechazo del Senado, generando una crisis institucional. El decreto, listo para su emisión, busca respaldar la controvertida reforma laboral.

El 3 de junio de 2025, el ministro del Interior, Armando Benedetti, anunció que el Gobierno, liderado por el presidente Gustavo Petro, tiene listo un decreto para convocar una consulta popular sobre la reforma laboral. Esta decisión se toma a pesar del rechazo de la propuesta en el Senado dos semanas antes, el 14 de mayo, por una estrecha votación. La justificación gubernamental se basa en presuntas irregularidades en el proceso legislativo, argumentando que el Senado no se pronunció formalmente.

El ministro Benedetti defendió la acción del Ejecutivo, alegando violaciones al artículo 125 de la Ley Quinta de 1992 durante la votación senatorial. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, ha anunciado su intención de recurrir a la justicia para frenar la iniciativa presidencial. La Corte Constitucional, a través de una relatoría no vinculante, ha expresado su postura contraria a la convocatoria por decreto, considerando que se requiere la aprobación del Senado.

La consulta popular busca legitimar la reforma laboral del gobierno, especialmente su controvertido artículo 37 sobre el trabajo por horas, el cual ha generado fuertes críticas de las centrales obreras por su supuesto carácter precarizador del empleo. La decisión del gobierno de ignorar la decisión del Senado se enmarca en un contexto de creciente tensión política entre el Ejecutivo y el Legislativo. El plazo inicial para la emisión del decreto era entre el 2 y el 9 de junio, si el Senado no actuaba antes del 1 de junio.

La decisión de Petro genera una crisis constitucional con potencial para escalar a un enfrentamiento institucional. Las posibles consecuencias incluyen demandas ante la Corte Constitucional, profundización de la polarización política, y cuestionamientos a la legitimidad del proceso democrático. El enfoque del Gobierno, que prioriza la ejecución de sus políticas por encima del procedimiento legislativo establecido, refleja una estrategia política arriesgada que podría debilitar las instituciones democráticas colombianas.