Por: Bryan Steven Cardona Ciceri

Tras un nuevo acuerdo laboral, los congresistas verán incrementados sus salarios de 48 a más de 52 millones de pesos, generando reacciones de indignación.

Un acuerdo laboral firmado el pasado 30 de abril entre el Gobierno Nacional y las centrales sindicales del sector público resultó en un aumento salarial del 7% para los servidores públicos. Este ajuste, aplicado automáticamente por normativa estatal, eleva los ingresos mensuales de senadores y representantes a la Cámara, pasando de 48 a más de 52 millones de pesos. Este incremento de $3.360.000 no requirió de votación adicional, reflejando la estructura salarial vigente que iguala los aumentos de los altos funcionarios con los de otros empleados públicos.

El exsenador Gustavo Bolívar y la superintendente de Economía Solidaria, María José Navarro, fueron algunos de los primeros en expresar su descontento. Bolívar destacó la disparidad salarial en sus redes sociales, mientras que Navarro criticó la ironía de la situación, subrayando la desconexión entre la realidad económica del país y los ingresos de sus políticos.

El aumento no fue un punto negociado específicamente para el Congreso, sino una consecuencia de las políticas salariales estatales que aseguran que cualquier mejora para los trabajadores se refleje también en los salarios de los funcionarios de alto rango. Esta normativa busca equidad pero resulta en beneficios significativos para los ya bien remunerados congresistas, sin participación directa en las negociaciones.

Este incidente ha reavivado el debate sobre la necesidad de reformas legislativas que limiten los salarios de los congresistas, propuestas que, a pesar del clamor popular, permanecen estancadas. La falta de acción contrasta con la rapidez con la que se ajustan los salarios de los parlamentarios cada año, perpetuando un ciclo de descontento entre la ciudadanía. Esta situación subraya la urgencia de una reforma que separe los beneficios de los políticos de los incrementos destinados a los trabajadores públicos de base, manteniendo las conquistas sindicales pero limitando los privilegios políticos.