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Poder & Política

miércoles, 21 mayo 2025

Polemica por uso de avión policial para trasladar influenciadores en Colombia

Por: Maria Camila Gonzalez Mosquera

Recientemente, influenciadores y periodistas afines al gobierno de Gustavo Petro fueron trasladados en un avión de la Policía Nacional de Bogotá a Barranquilla, generando un intenso debate sobre el uso de recursos públicos.

El evento que ha captado la atención pública ocurrió cuando un grupo de influenciadores y periodistas, conocidos por su afinidad con el gobierno actual, fueron transportados en una aeronave oficial desde la capital colombiana hasta Barranquilla. Este hecho desató críticas y cuestionamientos sobre la adecuación de los recursos del Estado para actividades que podrían interpretarse como promocionales o partidistas.

Entre los protagonistas de esta controversia se encuentra el general Rosemberg Novoa, director encargado de la Policía Nacional, quien defendió la acción ante la Comisión Segunda del Senado, argumentando que el traslado se amparaba en un convenio interadministrativo con el Ministerio del Interior, firmado el 11 de febrero de 2025. Según el general Novoa, este convenio justifica legalmente el uso del avión hasta diciembre de 2025.

La explicación oficial sostiene que el convenio permitía el uso del avión para actividades específicas, aunque no se detallaron cuáles. Las imágenes del viaje, divulgadas en redes sociales, mostraron a los influenciadores y periodistas disfrutando del vuelo, lo que intensificó las críticas por parte de la oposición y diversos sectores de la sociedad que cuestionan la transparencia y la ética de la administración actual.

Este caso no solo ha generado un debate sobre la legalidad del uso de bienes públicos, sino que también ha puesto en tela de juicio la ética detrás de dichas decisiones. La situación subraya la necesidad de un escrutinio más riguroso y de mecanismos de control más efectivos en la gestión de los recursos estatales, especialmente en un contexto de alta polarización política como el que vive Colombia. La distinción entre lo legal y lo ético se vuelve crucial en la administración pública, donde la confianza ciudadana es fundamental.

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