Por: Katherine Cruz

La abogada y activista Martha Lía Grajales fue imputada en Caracas por incitación al odio, conspiración y asociación, tras su detención irregular el pasado viernes. Su desaparición generó una ola de protestas de más de 800 activistas y el rechazo de la ONU.

En las últimas horas, se conoció la imputación de la abogada y defensora de derechos humanos, Martha Lía Grajales, en Caracas, Venezuela. La activista fue acusada de graves delitos, generando una fuerte reacción internacional. Su detención irregular el pasado viernes 8 de agosto, mantuvo a familiares y colegas en incertidumbre hasta la confirmación de su imputación.


La imputación de Grajales incluye los delitos de incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación. Su esposo, Antonio González, denunció la detención irregular y la falta de información sobre su paradero durante varios días. La incertidumbre generó una movilización inmediata de la sociedad civil venezolana y la comunidad internacional en defensa de la activista.


Más de 800 activistas, intelectuales y defensores de derechos humanos firmaron un documento exigiendo la libertad inmediata de Grajales. El documento recalca que la defensa de los derechos humanos no debe ser considerada un delito y condena la persecución judicial de la abogada. La presión ejercida por la comunidad internacional busca revertir la situación y proteger a la defensora.


Tras la confirmación de la imputación, Volker Türk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, emitió un comunicado oficial, exigiendo la liberación inmediata de Martha Lía Grajales. Este caso pone en relieve la creciente preocupación por la situación de los defensores de derechos humanos en Venezuela y las implicaciones de las acciones del gobierno en la esfera internacional. El impacto de este caso puede afectar las relaciones internacionales de Venezuela y su imagen en materia de derechos humanos.